Este lunes, 21 de enero, el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner anunció que “en vista de que el Gobierno venezolano separó a su país de la Comunidad Andina, se requerirá para todos los venezolanos la presentación del pasado judicial apostillado”.
Esta decisión que adopta el Gobierno Nacional, se da tras los hechos registrados la noche del sábado, 19 de enero, en el centro de la ciudad de Ibarra. Cuando un hombre de nacionalidad venezolana asesinó a una joven ibarreña de 22 años, quien estaba embarazada.
Sobre el accionar de la policía Nacional, el segundo mandatario también afirmó que “quien no sea capaz de defender la vida de una persona cuando tiene la ocasión y la responsabilidad de hacerlo, no merece ser llamado policía” y precisó que los oficiales a cargo de la ciudad, han sido removidos y serán sancionados.
Además insistió que “cuando usen la fuerza en cumplimiento de su deber y en defensa de la ciudadanía tendrán siempre el respaldo del Gobierno Nacional”.